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Vandalismo durante el paro nacional: el rastro de la infiltración de las Farc
Ultima Modificacion: 2013-09-03 05:42:44

Nota de la redacción

 

Muerte y destrucción ha dejado el vandalismo narcoguerrillero que infiltró, y de alguna manera desdibujó el paro agrario nacional.

 

Conforme declara el comanandante de la policía de Bogotá, general Luis Eduardo Martinez este ha sido el resultado: "Entre el 19 y el 31 de agosto, hubo 326 acciones vandálicas, 109 policías lesionados, 21 marchas, asonadas contra tres CAI, 326 establecimientos comerciales afectados y seis estaciones de TransMilenio gravemente averiadas."

 

El caso es que resulta escalofriante constatar la radicalidad sin escrúpulos que los anima contra el sistema. "Los agresores actuaban con un odio y un deseo de destruir, acabar y arrasar" precisó el general Martinez.

 

Así las cosas, y en cara a los diálogos en la Habana, surgen entonces las preguntas: ¿puede esperarse de las FARC, tan imbuidas de ese misticismo narco-marxista, un acuerdo razonable que respete el sistema vigente? Y si se lograse tal acuerdo razonable , ¿puede esperarse de las FARC, sin calculadas disidencias, su absoluto respeto y cumplimiento?

 

En otras palabras, ¿podemos confiar en que por fin el lobo desistirá de comerse a la ingenua caperucita roja?

 


 

El Tiempo / Redacción Bogotá / 31.08.2013


¿Quiénes estuvieron detrás de la protesta en Bogotá?

 

Violencia desfiguró la protesta en Bogotá

 

La capital sufrió graves disturbios el jueves y terminó militarizada y con toques de queda

 

La protesta pacífica convocada esta semana en Bogotá, que supuso un claro respaldo urbano al paro campesino, derivó en una espiral de violencia que dejó 2 muertos, 212 heridos, destrozos en el centro, 40 detenidos, toques de queda propios de otras épocas y una capital militarizada y atemorizada. Muchos se resguardaron en las habitaciones traseras de sus casas o cerraron sus puertas por miedo. A la postre, las reivindicaciones sociales se desdibujaron por culpa de los revoltosos.

 

Lo paradójico es que a la par de los actos violentos, pocas veces la ciudad había visto tanto respaldo a la Fuerza Pública en medio de los ataques con piedras, palos y armas en su contra. La secuencia fotográfica de una mujer que arriesgó su vida para proteger a los uniformados fue un símbolo de rechazo a los desmanes.

 

El viernes, el centro y las localidades de Suba y Engativá, en el noroccidente y suroccidente, amanecieron desolados por los disturbios y saqueos. La gravedad de la situación llevó al presidente Juan Manuel Santos a anunciar una “militarización”, que se tradujo en 8.500 hombres de la Brigada 13 del Ejército patrullando las calles.

 

El balance de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) indica que cerca de 1.500 negocios resultaron afectados y que hubo más de 3.000 millones de pesos en pérdidas. Los sectores más perjudicados fueron la Candelaria, Chapinero y San Victorino, donde las ventas se redujeron en un 80 por ciento, según Juan Esteban Orrego, presidente del gremio en Bogotá.

 

Por esa razón, luego de la “tormenta”, como la denominó Santos, muchos se preguntan hoy quiénes estuvieron detrás de los actos de vandalismo contra Bogotá y a quiénes les interesó opacar la protesta campesina.

 

Las autoridades ya tienen algunas pistas. Según Marisol Perilla, alcaldesa local de Suba, bandas organizadas están contratando, por 20.000 pesos, a jóvenes que no superan los 18 años para que atenten contra los establecimientos públicos y de comercio durante estas manifestaciones. “Se están reorganizando en el barrio Santa Cecilia, que limita con Engativá, por lo que posiblemente se están moviendo por estas dos localidades”, dijo.

 

La zona crítica es Tibabuyes, donde confluyen barrios como Gavilanes, Santa Cecilia, Villa Cindy y Bilbao. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, habla de “grupos de interés pagando pandillas para atacar el comercio” cuyo objetivo fue “debilitar a los campesinos en la mesa de negociaciones”. “Los jefes de los vándalos son los capos barriales del microtráfico; no tienen ideología ni política, se venden al mejor postor”, y añadió que comprarlos para una jornada de violencia “vale mucho dinero”.

 

“¿De dónde salió (la plata)?”, se preguntó Petro, quien agregó: “Solicito información de una banda llamada ‘Low Park’ en Suba”.

 

Ayer sábado, el mandatario dijo detrás del “sabotaje a la movilización pacífica” están las Bacrim y habló de un grupo denominado ‘Los paisas’ que “contrató pandillas y jóvenes de Suba para destruir CAI, comercio y establecer sus extorsiones”. El Gobierno Nacional habla de la infiltración de las Farc.

 

Ni siquiera la violenta protesta contra TransMilenio, en marzo del año pasado, puso en aprietos a la ciudad como ocurrió esta semana. Colegios y universidades tuvieron que cancelar clases. En Soacha, vecino a Bogotá, las imágenes mostraban un municipio acorralado y con zonas atiborradas de escombros. Por ahora, la Policía divulgó un cartel con 48 fotografías (46 hombres y dos mujeres) de los presuntos responsables de los hechos en Bogotá. Las autoridades confían en la colaboración de la ciudadanía para poder judicializarlos.

 

“Tengo mucho miedo de que vuelva a pasar lo mismo que ayer (jueves). Anoche, cuando empecé a escuchar los balazos, me metí al cuarto y me escondí, pero hoy tengo a mis dos nietos y temo por lo que nos pueda pasar”, decía una mujer en Suba, donde hubo sobrevuelos de la Fuerza Pública.

 

En los próximos días, Bogotá vivirá nuevas protestas, convocadas por redes sociales. Se trata de ciudadanos indignados por los vándalos. Protestarán a punta de cacerolas y tomates.

 

‘No somos enemigos’

 

Wilson Cárdenas es uno de los 400 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que esta semana han hecho frente a los actos vandálicos registrados en Bogotá y Soacha (Cundinamarca).

 

El patrullero, con nueve años en la Policía –todos dedicados a dispersar disturbios–, es consciente de la imagen negativa que proyecta el grupo del que hace parte por las supuestas acciones desmedidas durante el intento de control de las manifestaciones.

 

De hecho, la Inspección General de esa institución investiga a 16 uniformados por posibles excesos de fuerza en todo el país.

 

“Es desmotivante ver las críticas porque muchas veces los videos no muestran lo que sucede antes o después”, asegura el suboficial bogotano de 30 años, casado y padre de dos niños de 7 y un año.

 

Sin embargo, sostiene que él y sus compañeros se sienten orgullosos de portar el uniforme especial (que llega a pesar 25 kilos con todos los implementos), porque están convencidos de que cada acción está encaminada a mantener el orden y a proteger a la comunidad de los vándalos. “No somos los enemigos del pueblo”, enfatiza.

 

Este trabajo lo ha llevado en ocasiones a dejar de ver a su familia durante dos meses seguidos, como ocurrió recientemente cuando integró el grupo que atendió las alteraciones de orden público en el Catatumbo (Norte de Santander).

 

“Mi hijo de 7 años me llamaba y me decía que me necesitaba en casa, que él era capaz de hablar con mi superior para pedir el permiso”, relata el suboficial de 80 kilos de peso y 1,67 metros de estatura.

 

“Detrás de esta armadura hay colombianos de carne y hueso. Somos padres, hijos, hermanos, y nunca sabemos a qué o a quiénes nos vamos a enfrentar”, concluye.

 

Jornada dejó 18 toneladas de escombros

 

Fruto de los destrozos, las empresas de aseo recogieron 18 toneladas de escombros. Solo en el centro y en la localidad de Engativá se recogieron 15 toneladas entre vidrios, piedras y ladrillos. En Suba se recogieron 4 toneladas.

 

TransMilenio, como siempre, fue uno de los más afectados. El sistema de transporte reportó daños por más de 60 millones de pesos en las estaciones de San Victorino, Las Nieves y Avenida Jiménez. En esta última, los desadaptados rompieron vidrios y hurtaron seis cámaras de seguridad. Los buses articulados, biarticulados y alimentadores no se salvaron, sobre todo en Bosa, Suba, Engativá y el sector del Tunal. Los daños en los vehículos se calculan en 77 millones de pesos.

 

El rastro de la infiltración de las Farc

 

Detrás de las denuncias del presidente Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el general Rodolfo Palomino sobre la infiltración de las Farc en las jornadas de protesta que sacuden el país desde hace dos semanas hay decenas de comunicaciones interceptadas a esa guerrilla.

 

Lo que han establecido las autoridades es que las Farc llevan al menos dos años preparando una “demostración de fortaleza en la capacidad de movilización de masas” –los términos usados en uno de los correos hallados en los computadores de ‘Alfonso Cano’– y que esa demostración, inicialmente, estaba lista para octubre próximo.

 

La fuerza del paro agrario y sobre todo su persistencia habría llevado a la guerrilla a anticipar sus planes y a poner en marcha una logística pensada para aprovechar cualquier protesta, sobre todo en las ciudades, y que, a diferencia de su aparato militar, no ha sido golpeada por el Estado.

 

La Policía sostiene que el paro agrario en Boyacá y Cundinamarca, cuyo origen es totalmente ajeno a los planes de la guerrilla, ha sido aprovechado por desestabilizadores ante la demora de los acuerdos. Incluso, el Ministerio de Defensa sostiene que ha habido presiones ilegales para evitar consensos.

 

El Presidente responsabilizó al movimiento Marcha Patriótica de jugar un papel clave en la articulación de la crítica situación de los últimos días, aunque ellos lo han negado. “Sabemos, y hay que decirlo, que Marcha Patriótica no busca sino llevarnos a una situación sin salida, para imponernos su propia agenda –dijo Santos–. No les importan para nada los intereses de los campesinos, ni que se logren acuerdos, solo su agenda política”. Lo que se ha visto en las regiones, y así lo ha denunciado la Iglesia católica a través del cardenal Rubén Salazar, es que la guerrilla ha presionado a las comunidades en Caquetá, Guaviare, Cauca, Nariño y Antioquia. En un trabajo en terreno, la Policía encontró que al menos 11 frentes de las Farc están imponiendo ‘multas’ a los campesinos que no participen y cobran además ‘vacunas’ para mantener la logística de las protestas.

 

En Caquetá, la columna ‘Teófilo Forero’ exigió a los dueños de predios 100.000 pesos como cuota. “Toca decirle a la gente que como fuera toca ir a lo del paro (...) Si de pronto alguno se queda, que nos ayuden a apretar. El que se quede lo mando a pie, lo saco como sea”, se escucha en una interceptación al frente 29, que actúa en Cauca y Nariño.

 

‘Hay que ir todos, de los 14 para arriba’

 

En comunicaciones interceptadas a los frentes 29 y 18 y a la columna Daniel Aldana, guerrilleros hablan de “organizar la salida al paro”, al que debían ir todos los mayores a los 14 años. Previo a las movilizaciones habrían organizado encuentros: “Vamos a hacer una reunión con toda la gente sobre la marcha, sobre el paro”.

 

Bloquear vías, la orden

 

En desarrollo de lo que las Farc llaman “escalonamiento progresivo hacia un gran paro cívico”, la orden, según un correo interceptado, es la “realización de bloqueos de vías, tomas y tropeles” durante el “paro cívico”


 


 

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